Colombia vive un proceso de desestabilización a través del lawfare (guerra jurídica) desde el inicio del mandato del presidente Gustavo Petro Urrego, quien el pasado 8 de octubre denunció “el primer paso de un golpe de Estado” por lo que señaló que “de concretarse este acto representaría la mayor afrenta a nuestra democracia en la historia del país”.

El Consejo Nacional Electoral, que sigue siendo trinchera política de la vieja derecha de ese hermano país, ha decidido abrir una investigación y formular cargos en su contra por temas relacionados a gastos durante la campaña electoral de 2022. En palabras suyas, ello significa un acto violatorio a la constitución y al fuero presidencial. Es un proceso no solamente contra el presidente sino contra el proyecto político histórico que representa en un país que ha vivido condenado a la violencia política, a la criminalización de la lucha social y asesinatos permanentes de luchadores sociales.

El lawfare se ha convertido en un eje de desestabilización permanente contra los gobiernos de izquierda y progresistas, que busca inhabilitar a sus candidatos o posibles candidatos frente a las elecciones. Desacreditar para quitar de la política a sectores sociales que representan proyectos alternativos y a amplios sectores de la población más empobrecida, que son una amenaza para los intereses económicos de las oligarquías locales y para los intereses de corporaciones estadounidenses. Para ello hacen uso de la institucionalidad a través de sus empleados jurídicos, pero realmente los que ordenan son las élites económicas.

El presidente Petro ha hecho un llamado a la movilización generalizada del pueblo colombiano, por lo que miles de personas se movilizaron hacia la plaza Bolívar de diferentes organizaciones en respaldo a la petición.

Frente a la guerra judicial y política el principal desafío de nuestros proyectos es fortalecer los mecanismos de integración, y más importante los de unidad en la región verdaderamente independientes de la hegemonía unipolar estadounidense para quien América Latina sigue siendo prioridad en su política de intervención y sometimiento de nuestros pueblos que se expresa fuertemente en sus crisis de sobrevivencia imperialista.

En memoria de los 57 años del paso a la inmortalidad del comandante Ernesto Che Guevara, tras ser asesinado vilmente por miembros del ejército boliviano asesorados por la CIA, diferentes organizaciones, movimientos populares, sociales y partidos políticos de todo el mundo recordaron y reivindican su legado. El Che fue un líder indiscutible, un militante histórico por las luchas de liberación nacional en Nuestra América. Junto a grandes revolucionarios cubanos como Fidel, Camilo y Raúl dirigió el proceso de la revolución cubana durante la dictadura de Fulgencio Batista.

Su legado teórico y práctico representa un invaluable ejemplo para los procesos de lucha por la autodeterminación de nuestros pueblos. A lo largo de los años la batalla cultural por tergiversar su legado ha sido implacable, uno de los adjetivos más conocidos es “rebelde sin causa”, que busca invisibilizar las causas reales y profundas de la revolución cubana y todas las luchas de liberación nacional que se libraban en los años 50, 60 y posteriores. Hoy, las causas estructurales de esos años siguen estando presentes y releer al Ché, como a muchos otros grandes revolucionarios, sigue siendo imprescindible, sobre todo por el profundo antiimperialismo que nos enseñó.

El pasado miércoles 9 de octubre el presidente de ultraderecha Javier Milei logró que el Congreso ratificara su veto a la Ley del Financiamiento Universitario que obligaba a mejorar los fondos para las universidades públicas del país. Miles de estudiantes marcharon en rechazo al veto lo que significa un retroceso en las conquistas sociales por el derecho a la educación superior y se traduce en beneficios para el sector privado. Entre los cientos de carteles figuran algunos como “La educación es un derecho NO un privilegio” “Viva la libertad de estudiar”.

Desde el inicio de esa gestión, empleados públicos se han visto afectados y gran parte de ellos han salido a protestar exigiendo salarios dignos y denunciando persecución contra trabajadores del sistema educativo. Semanas anteriores, los jubilados salieron a protestar en medio de un despliegue policial demandando un justo aumento a la pensión mínima, que no es suficiente para cubrir las necesidades básicas como alimentación y medicamentos. La ola de protestas es la expresión del rechazo al paquete de ajustes que impulsa el gobierno en Argentina desde el inicio de su gestión.

Por principio, las calles deben ser escenario de lucha permanente, pero además la democracia representativa nos obliga a romper con sus límites que no están hechos para que proyectos de izquierda y progresistas asuman los espacios de poder institucional como bien lo decía Schafik.

El gobierno de Nicaragua rompió relaciones diplomáticas con el gobierno fascista y sionista de Israel frente al genocidio y la barbarie cometida contra el pueblo palestino y libanés. La noticia se conoció a través de un comunicado el viernes 11 en el que expresa: “Condenamos una vez más, este genocidio, la ocupación y la agresión permanente contra la vida y contra la dignidad del pueblo de Palestina, que se extiende ahora en contra del pueblo de El Líbano, y amenaza gravemente a Siria, Yemen e Irán, poniendo en peligro la Paz y la Seguridad de la Región y del Mundo”.

Por lo tanto, el presidente Daniel Ortega instruyó a la Cancillería de la República «a acatar esa solicitud del Parlamento nacional y a proceder a la ruptura de las relaciones diplomáticas con el Gobierno fascista y genocida de Israel». Nicaragua se suma a la lista de países en Latinoamérica en romper relaciones con Israel a la que ya se habían sumado Colombia, Venezuela, Bolivia y Belice. Todos estos países denunciaron y condenaron la agresiva y desproporcional ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza.

La barbarie que Israel está cometiendo a diario contra el pueblo palestino no debe ser indiferente a la humanidad. El pasado 7 de octubre se cumplió un año de la más reciente escalada genocida que ha dejado más de 42 mil muertos, la mayoría de ellos niños y niñas, mujeres y adultos mayores. Los pueblos del mundo debemos aplaudir esta valiente decisión por la defensa del pueblo palestino. Defender la dignidad palestina es defender la humanidad.