Las estrategias y planes de Estados Unidos y el Pentágono junto a las oligarquías locales por reconquistar Latinoamérica ha sumergido a la región en una peligrosa inestabilidad. El ataque permanente a los gobiernos progresistas y de izquierda toman cada día mayor auge bajo distintas formas, como son la guerra jurídica, la guerra mediática, la guerra parlamentaria, el sabotaje económico, los golpes blandos y… los Golpes de Estado, a los cuales se les cataloga “de nuevo tipo”. Paradójicamente a lo que muchas personas creían, los Golpes de Estado, pero con una ligera variación, siguen siendo utilizados contra aquellas fuerzas políticas y sociales de izquierda y progresistas que ocupan el gobierno nacional en el continente americano.

Desde 2009, cuando el presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, fue depuesto de su mandato constitucional, el Golpe de Estado, esta vez “de nuevo tipo”, volvió a ser parte del repertorio utilizado por la derecha para expulsar a la izquierda y el progresismo del gobierno. En adelante, se sucedieron otros sendos Golpes de Estado en la región combinados con otras formas de ataque y desestabilización: Fernando Lugo en Paraguay (2012), Dilma Rousseff en Brasil (2016), Evo Morales en Bolivia (2019), y Pedro Castillo (2022); además, otros ataques organizados por la derecha y las fuerzas imperialistas, en Venezuela con las “guarimbas” y “los tranques” en Nicaragua, para mencionar los más representativos.

Así, actualmente se ciernen sobre algunos gobiernos de izquierda y progresistas de América Latina nuevamente la amenaza de Golpe de Estado, para lo cual trabajan combinando otras formas de desestabilización: guerra jurídica, guerra parlamentaria y guerra mediática. Estamos hablando de planes y estrategias contra los gobiernos de: Gustavo Petro, en Colombia; de Luis Arce, en Bolivia; y contra el de Xiomara Castro, en Honduras. Contra dos de estas fuerzas políticas sería su segundo Golpe de Estado sufrido, mientras el otro sufre el paramilitarismo de una derecha cavernícola.

En el caso de Colombia, el presidente Gustavo Petro denunció los intentos golpistas por parte del Consejo Nacional Electoral de ese país bajo supuestos argumentos de sospecha por el financiamiento de su campaña electoral. Tal acción solo puede ser parte de un plan de desestabilización contra Petro y su gobierno, que días antes enfrentó un paro camionero por el incremento del precio de los combustibles. Esto no es más que parte de planes de desestabilización formulados por los sectores más siniestros del poder en Estados Unidos, y ejecutados por la derecha colombiana, que seguirá incrementando junto con la guerra mediática y la probable guerra parlamentaria. Tal es el guión seguido para para asestar un Golpe de Estado “de nuevo tipo” que los centros de poder imperialista han diseñado para combatir a los gobiernos de izquierda o progresista, por mucho que estos se porten bien y respeten la institucionalidad burguesa.

Por su parte, en Bolivia también se conjugan las acciones de desestabilización imperialista de la guerra jurídica, la guerra mediática, la guerra parlamentaria y el sabotaje económico, pero con un factor superlativo: la división de la izquierda boliviana entre los partidarios de la candidatura presidencial de Evo Morales y la del actual presidente Luis Arce, exacerbada a un nivel alarmante tras la negativa al diálogo y las exigencias de renuncia de los actuales presidente y vicepresidente por la marcha que inició el pasado 17 de septiembre y que concluyó este lunes en las afueras de La Paz con un mitin que dejó varios heridos.

Si el fallido golpe de Estado promovido por el general Zúñiga hace unos meses hubiera sido previsto para este momento en que se incrementa la división y el enfrentamiento entre los dos líderes del MAS, la derecha y el imperialismo tendrían la oportunidad de oro para recuperar el control sobre el poder político boliviano y los bienes naturales del sudamericano país. ¿Acaso ya se desvaneció el trágico recuerdo de los crímenes cometidos en 2019 con la instalación de la dictadura de Jeanine Áñez? Es lamentable la inexistencia de la capacidad de diálogo y debate entre las dos partes con el proceso de cambio en verdadero peligro. Reafirmamos el llamado a la cordura y al debate, a dejar de lado las posturas unipersonales y soberbias, y se antepongan los intereses supremos en beneficio del pueblo.

Y el tercer caso de posible golpe de Estado es contra el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, de Honduras, quien en enero de 2022 tomó posesión. Desde el inició se ha enfrentado con acciones de desestabilización por parte de una derecha retrógrada, corrupta y ligada al narcotráfico, quienes pretenden, por asesoramiento de las fuerzas imperialistas, de interrumpir que la mandataria termine su período para el cual fue legítimamente electa.

En el caso de la intentona golpista contra Xiomara Castro a la fórmula añeja del golpe de Estado clásico asestado por militares (incitados y asesorados por el Comando Sur y la general Laura Richardson) se suman la guerra mediática, jurídica y parlamentaria para desestabilizar y deponer al gobierno constitucional del partido Libre y sus aliados populares. La decisión de establecer un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, iniciando con el acuerdo de cosecha temprana en febrero de este año, ha sido audaz por parte del gobierno de izquierda hondureño. La sóla presencia de China en la región ya significa para EE. UU. una amenaza para su erosionada hegemonía.

Sin embargo, estas acciones desestabilizadoras alcanzan mayor efecto en la medida en que los adversarios aprovechan las debilidades de los gobiernos de izquierdas y progresistas, como es el caso que enfrenta la presidenta Xiomara Castro por la filtración de las conversaciones en 2013 con narcotraficantes por parte del diputado y secretario del Congreso hondureño, así como cuñado de la presidenta, Carlos Zelaya, que renunció a su cargo y se someterá a las órdenes del Ministerio Público. Asimismo, renunció el ministro de Defensa hondureño, José Manuel Zelaya, hijo del acusado y sobrino de la presidenta.

Y en las últimas horas la presidenta Xiomara Castro ha presentado el segundo borrador para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), al Secretario General de la ONU, António Guterres. Este tipo de organismos no son más que instrumentos formulados por los organismos internacionales para ocuparlos a la conveniencia de los intereses de Estados Unidos en su injerencismo en la región. Si ya la embajadora estadounidense en el vecino país, Laura Dogu, comanda la desestabilización contra el gobierno de izquierda hondureño, con la COCIH tendrá más herramientas para usarla en su misión de reconquistar Honduras.